¿Y los campamentos y allegados?

MARCELA RUIZ-TAGLE ORTIZ

Más de 512.000 hogares viven allegados y en tomas de terreno como consecuencia del dramático avance de los campamentos y del déficit habitacional. Si a ello se suman la presión migratoria y la inequidad urbana de nuestras ciudades, de continuar el mismo accionar de las autoridades, todo indica que esta situación empeorará.

Sólo en el Gran Santiago reside el 48% de estas familias, y aun cuando no es un territorio con paso fronterizo, seis de cada 10 migrantes termina viviendo en la capital del país, junto a los 3,4 millones de habitantes que hoy viven en zonas que debieran ser prioritarias de inversión si realmente se busca disminuir la desigualdad urbana.

Por ello es llamativo que este tema no haya estado presente en los debates presidenciales. ¿No es prioridad? ¿Resulta difícil de abordar? Quienes tienen claridad de la urgencia y dimensión del problema son las organizaciones de pobladores. Presentaron sus demandas ante la Convención Constituyente e impulsaron una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados, que se focaliza en el acceso a suelo urbano bien localizado para la construcción de viviendas sociales. Es decir, acceso conjunto a techo y ciudad.

Proponen establecer cuotas de viviendas sociales por comuna, obligando la compra de suelo urbano por parte de los municipios; recuperación de plusvalías para financiar la compra de terrenos, sin limitaciones de localización; mecanismos preferenciales para la adquisición de terrenos por parte del Estado en determinadas zonas de interés social; y contar con un banco de suelo descentralizado, para la adquisición y gestión eficiente y efectiva de suelos a nivel regional, incluyendo sistemas de financiamiento e información transparente. La propuesta asume cambios estructurales, y no evidencia la forma en que se generará la vivienda, su asignación o el rol (si existe) que se le daría al mercado en la oferta de vivienda social.

Es claro que existe un problema en cómo se ha abordado la política habitacional de interés social. A pesar de asignarse recursos crecientes en este ámbito, en promedio, una familia espera en torno a siete años para acceder a una vivienda social. Notable, si se considera que es el Estado el principal financista de estas viviendas.

Cabe preguntarse, entonces, por qué no se introducen cambios que recojan la incidencia o poder de negociación del Estado. Por ejemplo, se podrían licitar bloques mínimos de subsidios habitacionales para la generación de la oferta deseada en estándar y locación. Ello es complementario con otorgar atribuciones a los gobiernos regionales para la regulación de las densidades territoriales, hoy responsabilidad de los municipios, pues son ellos los encargados de la planificación integrada de las metrópolis y, por tanto, responsables de su monitoreo y proyección de necesidades.